Acabamos de recibir una señal de alerta que no debiera pasar inadvertida. El informe “Por un Chile sin Economía Ilícita”, impulsado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), le puso números a una realidad que se mira con distancia, de manera fragmentada o es derechamente invisible: las economías ilícitas ya mueven más de US$5.700 millones al año en el país y generan pérdidas tributarias superiores a US$1.500 millones.
Dentro de ese diagnóstico, el sector de casinos y apuestas online ilegales aparece entre los mercados ilícitos de mayor valor, con ingresos brutos estimados en US$625 millones durante 2025, una cifra que incluso podría quedarse corta. Esto demuestra que ya no estamos frente a un fenómeno marginal, una actividad anecdótica ni una discusión exclusiva de la industria del entretenimiento. Hablamos de un mercado ilegal de gran escala, capaz de mover dinero, captar usuarios, desplazar actividad formal y operar al margen de los controles del Estado.
La pregunta, entonces, ya no es si Chile debe regular el juego online. Esa discusión quedó atrás. La pregunta real es mucho más incómoda: ¿cuánto tiempo más vamos a permitir que el juego ilegal siga creciendo antes de que el Estado logre ordenarlo?
Los casos recientes ayudan a entender la magnitud del problema. La Operación Tokio mostró cómo redes criminales pueden utilizar empresas, cuentas, plataformas financieras y criptomonedas para mover recursos provenientes de delitos graves. A su vez, la Operación Muralla Oriental II volvió a mostrar la conexión entre economías ilícitas, lavado de activos y casinos clandestinos.
El juego ilegal no es inocuo. No es solo una máquina tragamonedas en un local sin patente ni una página web que ofrece apuestas desde el extranjero. Es parte de una economía paralela que puede convivir con contrabando, lavado de activos, evasión, informalidad, explotación de personas, ingreso de menores de edad, crimen organizado y pérdida de control territorial.
Y, sin embargo, muchas veces seguimos tratándolo como un problema menor. O peor aún: lo normalizamos.
La Resolución Exenta N. °69 del Servicio de Impuestos Internos (SII) abrió una vía para que plataformas extranjeras de apuestas y juegos de azar online se inscriban y paguen Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Chile. Desde una mirada puramente tributaria, para algunos puede parecer razonable cobrar impuestos por actividades que generan ingresos en el país. Pero hay una diferencia fundamental que no podemos minimizar: pagar IVA no convierte una operación ilegal en legal.
Más grave aún: pagar IVA tampoco somete automáticamente a esas plataformas a los controles de prevención de lavado de activos. La Unidad de Análisis Financiero fue clara ante una consulta formal de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos (ACCJ): los sujetos obligados se definen por ley, no por una resolución administrativa.
¿De verdad vamos a aceptar que una actividad con alto flujo de dinero, operación transfronteriza, pagos digitales y usuarios masivos entre por una ventanilla tributaria antes de pasar por una puerta regulatoria?
Esa es la contradicción de fondo. Chile quiere recaudar, pero aún no define cuánto les va a cobrar (el juego es una actividad gravada con un impuesto específico por su externalidad). Quiere cobrar, pero no conoce quién es, ni dónde está ese nuevo contribuyente. Quiere ordenar, pero mantiene zonas grises sin ningún mecanismo de trazabilidad. Quiere discutir una ley, pero permite señales administrativas que pueden ser leídas como una normalización anticipada.
El proyecto que se tramita en el Congreso no es solo una ley para autorizar plataformas de apuestas. Es una ley que debe ordenar una cadena completa, desde operadores y procesadores de pago hasta bancos, medios de comunicación, publicidad, influencers, telecomunicaciones y mecanismos de bloqueo. Porque cuando no hay reglas claras, cada actor interpreta el riesgo a su manera y el sistema completo se desordena.
Chile no puede seguir tratando el juego ilegal como una discusión secundaria. No estamos ante una disputa entre casinos físicos y plataformas online. Estamos ante una decisión país: permitir que una economía ilegal siga creciendo en los márgenes o construir un sistema regulado, trazable, fiscalizado y responsable.
El estudio de la CPC puso los números. La Operación Tokio mostró las vulnerabilidades financieras. Muralla Oriental II mostró los vínculos entre el juego ilegal y el crimen organizado. La respuesta de la UAF evidenció la brecha legal. La resolución del SII mostró la contradicción administrativa.
Todas las señales están sobre la mesa. Ahora falta que el Estado actúe en el orden correcto: primero legalidad, luego regulación; después recaudación. Porque cuando se invierte ese orden, no se moderniza el mercado, se abre una puerta peligrosa. Y esa puerta, una vez abierta, puede ser muy difícil de cerrar.
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