Nueva Ruta 78: Informe del SEA solicita a Sacyr precisar si reubicará a personas que viven en tomas de terreno

El proyecto de mejoramiento de la ruta que conecta Santiago con San Antonio contempla una inversión de US$ 915 millones. Busca incrementar la capacidad de la infraestructura de la Ruta 78 y mejorar su nivel de servicio. En este primer informe, los organismos públicos presentaron 498 observaciones sobre expropiaciones de terrenos, efectos en la salud mental, vialidad, entre otros.

Qué observar. Este lunes, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) presentó el primer Icsara (Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones) sobre el millonario proyecto para mejorar la Ruta 78, que une a Santiago con San Antonio.

• La iniciativa está a cargo de la empresa española Sacyr. El objetivo central es incrementar la capacidad de la ruta en concesión y mejorar su nivel de servicio, incorporando nueva infraestructura vial para dar conectividad a la Ruta 78.
• En el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) detallaron que los trabajos tardarán 34 meses. Se menciona el mejoramiento de la ruta y la construcción de terceras pistas. Esto, desde el tramo comprendido desde Talagante hasta Melipilla.
• La iniciativa pasará por 17 comunas y posee una extensión de aproximadamente 109,00 km, conectando las provincias de Santiago, Talagante, Melipilla y San Antonio.
• La vía es fundamental para el transporte de carga entre Santiago y el puerto de San Antonio, así como los viajes a zonas turísticas costeras.

Sobre expropiaciones de terreno. Los entes públicos solicitaron al titular incorporar un anexo en donde se exponga, para cada lote o propiedad a expropiar, una ficha descriptiva en la cual se visualicen las mediciones del polígono a expropiar (sea parcial o total).

• También aclarar cómo funcionará el proceso de adquisición de predios en donde hay campamentos o tomas de terreno. E identificar y caracterizar cada uno de los casos,  además de precisar si el proyecto contemplará medidas de “reasentamiento” o Compromisos Ambientales Voluntarios (CAV).
• Los organismos criticaron que el titular indicara en su EIA que las expropiaciones “no generarán impactos potenciales”.
• Citaron el caso del edificio habitacional ubicado en la comuna de San Miguel, que cuenta con un mural que, según las entidades públicas, representan un hito identitario del sector.
• Agregaron que su demolición implicaría la pérdida de un elemento simbólico del paisaje urbano y de la memoria colectiva local, por lo que solicitaron evaluar el grado de impacto que genera esto en los sistemas de vida.

Salud mental y neurodivergencia. Los organismos también solicitaron a Sacyr tomar en cuenta en su análisis los efectos sobre la salud mental de la población durante la fase de construcción y operación.

• Detallaron que el proyecto no considera acompañamiento para la población que va a ser expropiada (total o parcialmente) y para las personas que se quedarán en el sector.
• También instaron a considerar un compromiso ambiental voluntario para personas neurodivergentes o con condiciones especiales de salud, para mitigar las emisiones del proyecto (ruido, vibraciones u otros).

Vialidad. Producto del nivel de intervenciones que contempla la ejecución del proyecto, los organismos señalaron que no hay elementos técnicos que permitan prever la factibilidad de las rutas de desvío identificadas por el titular.

• Exigieron al titular profundizar la entrega y análisis de la información, de tal manera que se pueda evaluar adecuadamente los efectos en el sector que tendrá intervenciones viales.
• En el plan de desvíos solicitaron asegurar la mantención de los cruces semaforizados por parte de la empresa
  a cargo de las obras, que el titular considere rutas alternativas que minimicen los impactos sobre la seguridad vial, la conectividad peatonal y la calidad de vida de las personas.

Sobre sistemas de vida. Solicitaron al titular complementar el análisis presentado con la correspondiente descripción general de los sistemas de vida y costumbres de las personas, para cada una de las localidades rurales o urbanas del área de influencia del proyecto.

• Ante esto, le exigieron tomar en cuenta la intervención, uso o restricción al acceso de los recursos naturales, utilizados como sustento económico del grupo o para cualquier otro uso tradicional como el medicinal, espiritual, cultural, u otro.
• También, la posible dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitarios, que puedan afectar los sentimientos de arraigo o la cohesión social del grupo.
• Para grupos indígenas, solicitaron a Sacyr entregar un mapa en formato digital que muestre el uso territorial que realizan las agrupaciones en la zona.

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