Plan de Reconstrucción Nacional: 5 nudos a destrabar. Por Juan José Obach

El país lleva más de una década con un mediocre desempeño económico que no alcanza para mejorar el ingreso de las familias, hacer frente a las necesidades sociales y recomponer nuestras finanzas públicas. Darle viabilidad a esta reforma, puede ser un primer paso para lograr estos objetivos.

Esta semana, la tramitación legislativa de la reforma económica ancla de este gobierno entró en tierra derecha. Con los diagnósticos del CFA y FMI, se instala la idea de que la reforma es valorada técnicamente por su capacidad de reactivar la economía, pero se deben hacer esfuerzos adicionales para mitigar sus riesgos fiscales.

La tramitación legislativa, como ya suele ser costumbre, no será expedita. A un (ya común) clima polarizado del Congreso, se suma una serie de errores políticos del Gobierno en torno a su agenda de ajuste fiscal, que han alimentado las desconfianzas. El escenario, entonces, no es el más favorable para que la reforma logre puntos de consenso amplios. Sin embargo, el esfuerzo por lograrlos es fundamental si queremos superar el actual estancamiento económico. A continuación, propongo cinco nudos a destrabar:

1. Un diagnóstico compartido: si el Gobierno no es capaz de convencer a la oposición (o al menos a parte de ella) de que para volver a crecer necesitamos cambios estructurales, la tramitación legislativa arriesga convertirse en un diálogo de sordos. Entre 2014 y 2025 Chile creció apenas al 2% anual, la mitad del periodo 1998-2013 (4,2% anual) y menos de un tercio del período 1987-1997 (7,5% anual) (Gráfico 1). La rebaja del impuesto corporativo, la simplificación de permisos ambientales y un régimen de invariabilidad (seguro de largo plazo para inversiones) tienen la capacidad de aumentar nuestro potencial de crecimiento, pero si en el Congreso priman las consignas del tipo “esta reforma solo beneficia a los ricos”, perderemos la oportunidad de avanzar.
2. Trabajo, trabajo, trabajo: la consecuencia directa de un mayor crecimiento es un aumento de los empleos y salarios. Dada la verdadera crisis laboral que atravesamos (39 meses consecutivos con tasas de desocupación sobre el 8%), este debe ser el objetivo primordial que mueva la reforma. Sin embargo, las medidas de empleo contenidas en esta –crédito tributario al empleo formal y eliminación del SENCE– han generado fundadas dudas que deben ser abordadas con urgencia. Para esto, sería positivo que el ministro del Trabajo tuviera una participación activa en la revisión del diseño del crédito y la evaluación del reemplazo de la franquicia SENCE por otros instrumentos más efectivos.
3. Prudencia fiscal y escenarios de riesgo: como planteó el CFA, la incertidumbre fiscal del proyecto es asimétrica: sus costos son ciertos y sus ingresos, inciertos –en monto y plazo de materialización–. Ante esto, y dada la compleja situación de las finanzas públicas, Hacienda y Dipres deberían modelar escenarios de riesgo y adoptar un enfoque prudencial en su estimación de ingresos. Robustecer la sostenibilidad financiera de la reforma ayudaría a anclar la discusión legislativa y, más importante, fortalecería la efectividad misma de la reforma al reducir los riesgos futuros de retrotraer algunas de sus medidas o de un aumento del riesgo país producto de un deterioro mayor nuestra posición fiscal.
4. Incluir paquete de ajuste fiscal en línea con metas de BE: dado el carácter deficitario del proyecto (al menos hasta el 2031), desacoplar su discusión del proceso de consolidación fiscal y meta de balance estructural de este periodo, es un error. Por esto, el Ejecutivo debería evaluar incluir un paquete de medidas de ajuste de gasto durante la tramitación legislativa (el mismo CFA planteó que se requieren esfuerzos adicionales al recorte del 3%), en línea con sus metas de BE para el período.
5. Evaluar nuevas fuentes de recaudación efectiva: en vez de solo esperar los efectos de “segunda vuelta” de las medidas reactivadoras y tal como han recomendado el FMI y la OCDE (2020), se deberían evaluar hoy una serie de impuestos correctivos y exenciones que podrían allegar más recursos fiscales. Entre ellos, el régimen de renta presunta (inexplicable en pleno siglo XXI); los excesivos beneficios tributarios del diésel; gravar las actividades de apuestas online; y revisar los impuestos correctivos a azúcares y alcoholes para gravarlos por su contenido especifico y no ad-valorem.

El país lleva más de una década con un mediocre desempeño económico que no alcanza para mejorar el ingreso de las familias, hacer frente a las necesidades sociales y recomponer nuestras finanzas públicas. Darle viabilidad a esta reforma, puede ser un primer paso para lograr estos objetivos.

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