En unas semanas se presentará la iniciativa legal más importante del año: la Ley de Presupuestos 2026. Su discusión será especialmente significativa, no solo porque regirá a la próxima administración, sino también porque la frágil situación fiscal atraviesa un punto de inflexión (CFA 2025). La meta oficial es alcanzar un balance estructural de -1,1% del PIB, lo que exige un ajuste equivalente al 0,5% del PIB. Pero esa cifra depende de que se implementen todas las medidas correctivas; si ello no ocurre —algo altamente probable—, el esfuerzo necesario es aún mayor.
Tras la importante desviación del balance en 2024, una de las medidas correctivas comprometidas por el entonces ministro Marcel fue crear la Comisión de Revisión del Gasto Público. La comisión comenzó a operar en mayo de 2025, con el objetivo de contribuir a la convergencia fiscal hacia 2029. El Ejecutivo subrayó que se trataba de un trabajo intenso y rápido, lo que permitiría “incluir las recomendaciones de corto plazo y pertinentes en el proyecto de ley de Presupuestos 2026” (DIPRES 2025).
La Comisión entregó su informe recientemente, y las noticias son, en principio, positivas: reconoce un margen significativo de mejora en el gasto público. Se proponen 34 medidas, de las cuales cerca de la mitad tendría un impacto directo en la reducción del gasto, equivalente a un 0,6% del PIB. El resto busca evitar o mitigar presiones que podrían hacer que el gasto crezca por sobre lo proyectado.
Sin embargo, la Comisión queda al debe en uno de sus objetivos principales: aportar de manera sustantiva a la discusión presupuestaria de 2026. Las medidas de ahorro concretas para el corto plazo son muy limitadas, apenas 0,008% del PIB. Esto deja la situación prácticamente sin cambios y traslada parte del ajuste necesario a la próxima administración, reflejando una debilidad del ciclo presupuestario chileno, donde los ajustes importantes suelen concentrarse al final del gobierno para repartir los costos políticos entre la administración saliente y entrante.
A las dificultades anteriores se suman otras consideraciones que complejizan el escenario. Las metas de balance incluyen los gastos ya comprometidos, pero no otros que son altamente probables, como el reajuste real de las remuneraciones del sector público. Además, tampoco incluyen la glosa republicana, una tradición que reserva recursos de libre disposición para la nueva administración, que alcanzó un 0,2% del PIB en 2022, incluso en un contexto de crisis. La Comisión propone prescindir de ella en 2026 y, aunque otorga al Ejecutivo mayores atribuciones para hacer reasignaciones, de nuevo parece eximir a la actual administración de asumir la responsabilidad del ajuste necesario.
El informe de la Comisión es, sin duda, un insumo valioso. Sin embargo, a la vuelta de las fiestas sabremos si fue insuficiente frente al desafío fiscal que enfrenta el país en el corto plazo. Por eso resulta fundamental que el Ejecutivo asuma ahora la responsabilidad de implementar los ajustes necesarios. Al fin y al cabo, la responsabilidad recae en él. Se gastó sobre la base de ingresos que nunca llegaron, y hoy se requieren decisiones claras y oportunas para encaminar el balance fiscal y evitar trasladar el costo, con mayor peso, al futuro gobierno.
Medidas pro-empleo: Falta que el Ejecutivo actúe con convicción y coherencia. Por Pedro Pizarro. https://t.co/RVb2yaY1v5
— Ex-Ante (@exantecl) September 12, 2025
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