El estudio sobre el impacto negativo en el empleo de las alzas de salario mínimo y reducción de jornada laboral del reciente Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central (BC) ha generado muchos titulares e incluso menciones en el debate presidencial. El análisis es técnicamente correcto y un aporte valioso. Sin embargo, quienes estamos en el rubro de la investigación económica sabemos que son estimaciones, no verdades incuestionables, y que las magnitudes de los efectos estimados pueden (e incluso deben) ser cuestionados a la luz de nueva evidencia o metodologías diferentes.
Primero, es clave entender que cualquier estudio económico es uno entre muchos posibles. En un estudio reciente con 146 equipos de investigadores, se les pidió que respondieran la misma pregunta de investigación usando exactamente los mismos datos (Gallegos et al 2025). Los resultados variaron enormemente entre grupos. ¿La razón? Las innumerables pequeñas decisiones que toman los investigadores pueden alterar significativamente las conclusiones. Por ello, la estimación del BC es una foto de las muchas posibles de nuestra realidad.
Un segundo elemento preocupante es la interpretación simplista de los resultados que abunda en la prensa y redes sociales. El estudio NO compara el Chile de antes de las reformas y el de después. Compara el Chile con estos cambios con una versión hipotética del país sin estas reformas. Por ello, si bien el empleo formal en Chile hoy está creciendo levemente, esto no contradice el estudio. La interpretación es que, sin estas reformas, el empleo habría crecido más de lo que lo ha hecho. Esto puede ocurrir por más despidos, o menos contrataciones que las que habrían ocurrido en este mundo hipotético.
Tercer punto: las decisiones metodológicas, aunque razonables, tienen aspectos que pueden ser cuestionados. El estudio del BC usa datos muy detallados en un marco de análisis que toma el paquete de todo lo ocurrido después de abril 2023 como un único cambio en el que están incluidas, por cierto, subidas del salario mínimo y reducción de jornada laboral, pero también cambios político-institucionales, avances tecnológicos, mayor criminalidad, entre otros.
Sin comprender cómo las sucesivas alzas del salario mínimo impactan de forma distinta a cada región o grupo demográfico, es difícil aclarar el impacto que tienen, dado el carácter nacional de la medida. Por otro lado, el análisis microeconómico tampoco considera a las empresas que no nacieron ni a las que tuvieron que cerrar debido a los mayores costos laborales, por lo cual sus efectos pueden estar subestimados.
Finalmente, se asume que el efecto se limita a las empresas que pagan salarios promedio cercanos al salario mínimo, sin considerar cómo un salario formal más alto puede cambiar las decisiones de desempleados o trabajadores por cuenta propia.
Con alta probabilidad, creo que hay un efecto negativo de estas alzas por la cuantía y cobertura que tienen, pero la magnitud es debatible. La evidencia del BC (o cualquier otra) es un valioso aporte, pero no la palabra final. Vivimos una transformación laboral impulsada por la automatización, la inteligencia artificial, la inmigración y el envejecimiento poblacional, entre otros factores.
Aislar el impacto de cada cambio regulatorio en medio de esta vorágine requerirá muchos estudios que ojalá puedan influir en las propuestas de políticas a futuro. Ante el simplismo imperante hay que decir que el conocimiento científico en general, pero en economía en particular, es siempre provisorio: perdura hasta que el peso de nueva evidencia nos haga pensar diferente.
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