Durante agosto, el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) hizo entrega de un informe con propuestas sobre políticas de infraestructura a los candidatos presidenciales. Las recomendaciones se centran en que el país debe contar con una institucionalidad que relacione en forma vinculante a todas las entidades públicas (ministerios, empresas y otras) que tienen responsabilidad en dotar al país de la infraestructura necesaria para satisfacer las demandas de las personas y generar las condiciones para aumentar nuestra productividad.
Mientras esta iniciativa se articula, les hemos propuesto a las candidaturas seleccionar un número de proyectos estratégicos que pueden ser impulsados con “ciertos grados” de libertad en materia de permisos, siempre que contribuyan a impulsar la inversión en el corto plazo.
El informe con recomendaciones también incluye la idea de avanzar en una “Regla fiscal para inversiones en infraestructura”, que asegure que lo que se proyecta año a año se ejecute y no se use el presupuesto de inversiones como mecanismo de ajuste del presupuesto público.
En ese sentido, hemos sostenido la necesidad de ampliar el aporte de los diferentes instrumentos con que cuenta el Estado para asociarse con el sector privado en infraestructura, todos ellos perfeccionables pero disponibles, como la Ley de Concesiones, la Ley Financiamiento Urbano Compatido, la Ley Emporchi y Desarrollo País.
Consideramos que el próximo gobierno debe poner un mayor énfasis, en primer lugar, en el agua. En las ciudades está asegurado el abastecimiento, pero nos falta avanzar en zonas menos densas y ampliar la oferta hídrica a los sectores productivos.
Además de las soluciones basadas en la naturaleza, nos parece fundamental poner en discusión la urgencia de concretar embalses de diferente tamaño y aprovechar la versatilidad que ha demostrado la desalinización de agua de mar.
Un segundo sector fundamental que hay que potenciar es la logística. Si nuestro desarrollo en los próximos años va a estar fundado en el comercio exterior, es fundamental el apoyo que se le da a los puertos, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, pasos fronterizos, zonas de intercambio y la coordinación operativa de esta infraestructura.
Una tercera área específica corresponde a nuestras ciudades y el esfuerzo real por la descentralización. No hay descentralización efectiva si no se dota a las regiones de servicios equivalentes y eso, en su gran mayoría, corresponde a infraestructura urbana.
En infraestructura eléctrica estamos bien posicionados, aunque nos queda pendiente resolver los problemas de transmisión y la regulación para la distribución. Debemos encontrar un balance entre lo que aportan las energías limpias al medio ambiente del país, con las exigencias ambientales que se le ponen a las líneas de transmisión y el costo que tiene no contar con ellas. Por otra parte, hay algo que revisar cuando a las empresas de distribución les sale mejor pagar las multas que invertir en la resiliencia de la red.
Somos líderes en penetración digital. Sin embargo, contamos con una demanda aún muy centrada en lo recreativo y no en lo productivo. Debemos ver la forma de transitar hacia una economía digital mucho más desarrollada.
El informe que entregamos a las candidaturas generó interés y algunas de ellas ya incorporaron algunos conceptos en sus programas. Esperamos que eso se pueda reflejar en que el próximo gobierno lleve adelante una política de infraestructura que cuente con el mayor respaldo posible. De esa forma podremos contribuir desde esta disciplina al desarrollo del país.
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¿La UF está viviendo sus últimos días? Por Carolina Grünwald.https://t.co/X7Q1zZ40ky
— Ex-Ante (@exantecl) August 21, 2025
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