Un estudio reciente de Comunidad Mujer y el Ministerio de Hacienda estimó el valor económico del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en Chile. El resultado es sorprendente: equivale al 19,2% del PIB ampliado, una contribución mayor a la de cualquier otro sector productivo del país.
En promedio, las personas mayores de 15 años dedican cuatro horas diarias a estas tareas; las mujeres, cinco, y los hombres, tres. Esa brecha de más de dos horas diarias se mantiene en todos los grupos etarios. Traducido a pesos, el valor económico de este trabajo asciende a $66.857 miles de millones, de los cuales un 65% proviene del trabajo femenino. Chile no es una excepción: cifras similares se observan en Canadá (20,1%), México (20,8%), Uruguay (19,2%) y Colombia (16,2%).
La paradoja es que este trabajo -que permite que todo el resto funcione- sigue siendo invisible. No figura en las cuentas nacionales ni en los indicadores de empleo y, por tanto, muchas veces no pesa en la toma de decisiones públicas. Quienes se dedican a estas tareas a tiempo completo son clasificadas como “inactivas”, aunque su aporte económico sea indispensable para sostener la economía y el bienestar cotidiano.
¿Por qué importa medirlo? Primero, porque permite evaluar mejor los impactos económicos y sociales de las decisiones de política. Al excluir el trabajo no remunerado de las estadísticas, se pierde de vista cómo las decisiones económicas y sociales redistribuyen las responsabilidades de cuidado entre el Estado, las familias y el sector privado.
Segundo, porque al no considerarlo, medimos mal el progreso y el bienestar. Al mirar solo las actividades de mercado, se sobrestiman los aumentos de bienestar generados en procesos de industrialización o al consumo. También se amplían artificialmente las brechas de bienestar entre países desarrollados y en desarrollo.
Tercero, porque reconocer el trabajo doméstico es esencial para cerrar las brechas de género. La sobrecarga de tareas no remuneradas y la falta de corresponsabilidad familiar limitan la participación laboral de las mujeres, sus ingresos y su acceso a la seguridad social. Según el Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial, si Chile igualara la participación laboral femenina al promedio de la OCDE, su PIB aumentaría en 1,8 puntos porcentuales.
Esta discusión no es nueva. Economistas llevan décadas advirtiendo sobre la distorsión que genera ignorar este trabajo. Se suele citar la paradoja: si un hombre se casa con su cocinera, el PIB baja; si una madre cambia la lactancia por fórmula, el PIB sube. El esfuerzo es el mismo, pero el valor económico cambia según si pasa o no por el mercado.
Otros países ya avanzan en esta dirección. En Estados Unidos, las primeras estimaciones del aporte del trabajo no remunerado al PIB se publicaron en 2000 y hoy se realizan regularmente. A nivel internacional, el debate se amplió tras el informe Stiglitz-Sen-Fitoussi (2018), que impulsó la medición del valor económico más allá de la producción mercado, incorporando conceptos más amplios de valor económico.
En Chile, insistimos en que aumentar la participación laboral femenina es clave para el desarrollo. Pero ese objetivo será inalcanzable sin políticas que reduzcan la carga de cuidados no remunerados. Se requiere inversión en infraestructura y servicios de cuidado, licencias parentales corresponsables y un sistema nacional que reconozca que el trabajo de cuidar es parte del motor económico.
En un país que envejece y donde la fuerza laboral se reduce, valorar el cuidado no es solo justicia de género: es eficiencia económica. Medir su aporte es un paso histórico. El desafío ahora es traducir esa evidencia en acción: corresponsabilidad, incentivos laborales e infraestructura de cuidados. Porque sin ese trabajo invisible, sencillamente, no hay economía posible.
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