-Algunos expertos, como el ex ministro Raúl Figueroa, han planteado que la Superintendencia de Educación violó la Constitución. ¿Cuál es tu percepción?
-No soy abogado como para saberlo con exactitud, pero me parece que es una interpretación equivocada de la ley de instituciones. Esa ley estableció cambios en el régimen de subvenciones para el régimen permanente, pero también creó un régimen transitorio que permitía el financiamiento compartido. Lo hizo porque valoraba esos proyectos educativos. Si se imponían las condiciones de gratuidad de manera inmediata, muchos de esos colegios habrían desaparecido. Por eso se autorizó la transición, con el compromiso del Estado de allegar más fondos. El fallo desconoce completamente esa lógica.
-El Gobierno y el Colegio de Profesores indican que no afectará la viabilidad financiera de los colegios con copago.
-Si no tienes ese financiamiento adicional, el proyecto educativo no lo podrás realizar y deberá cambiar radicalmente. El fallo dice que si un apoderado no paga durante el año, el colegio no puede suspender la matrícula. Eso significa que al final nadie pagará y los recursos extraordinarios desaparecerán.
-Una gratuidad forzada.
-Por supuesto, pero vía administrativa y no legal. Hubo un acuerdo claro y hasta ahora nadie lo había cuestionado. Hoy una superintendenta subrogante hace una interpretación errada.
-¿Supone o no este dictamen un golpe a la calidad de la educación?
-Estos colegios suelen hacerlo bastante bien y no sobran colegios que lo hagan bien. Si pierden esos recursos, tendrán un proyecto mucho más débil. El Sistema de Admisión Escolar muestra que la demanda se concentra en un grupo reducido de colegios. Esto solo reducirá las opciones para las familias.
-También se ha discutido si este dictamen afecta la libertad de enseñanza.
-Se afecta directamente. La libertad de enseñanza implica que los padres elijan y que los colegios desarrollen su proyecto dentro de la ley. Aquí los colegios no están haciendo nada ilegal.
-Has sido crítico del proyecto de financiamiento universitario del gobierno. ¿Qué riesgos ves?
-Una caída de ingresos significativa: unos US$200 millones en universidades y US$85 millones en centros profesionales. Eso empobrece los proyectos educativos y afecta a cerca de 600 mil estudiantes. La idea de que las instituciones de educación superior “tienen plata de sobra” es una mala lectura. Chile tiene el sistema más productivo y con mayor retorno de la región.
– ¿Y la deuda del CAE no afecta la solvencia del Estado?
-El proyecto resuelve bien el problema fiscal: condonación parcial con reprogramación y cobro. Eso mejora las cuentas fiscales y es positivo que sea un aporte contingente al ingreso, con plazo finito. El problema es la pérdida de ingresos para instituciones y el alto cobro a egresados de altos ingresos.
-¿Hay espacio para un acuerdo en el Senado?
-Sí, si se permite copago en términos razonables y se reduce la carga excesiva para los egresados de mayores ingresos.
-¿Cómo evalúas la gestión del gobierno en educación?
-Ha tenido algunos aciertos: acuerdos en el sistema de admisión escolar y un plan de recuperación razonable. Pero ha quedado corto en atraer buenos profesores y mejorar aprendizajes. También fue un error terminar con la selección por mérito en los liceos emblemáticos, lo que redujo la movilidad social.
-¿Crees que la educación dejó de ser prioridad política para los presidenciables?
–El debate se agotó y la situación fiscal limita nuevos compromisos. Me preocupa la primera infancia: ya se observan brechas cognitivas y socioemocionales enormes a los cinco años. Estamos hipotecando el futuro de esos niños.
-El problema es si debe seguirse priorizando la educación superior por sobre la primaria.
-No. Soy partidario de cortar la gratuidad, fue una mala idea, hay que volver a un sistema como tienen los ingleses o los australianos, de crédito contingente al ingreso. Eso liberaría recursos para educación inicial y primaria, donde tenemos brechas graves.
Estamos teniendo problemas con una educación de calidad en la primera infancia. A los cinco años ya hay tremendas brechas socioemocionales y cognitivas. Es muy injusto que no estemos invirtiendo en esa etapa, porque define la igualdad de oportunidades. La evidencia muestra que las brechas de aprendizaje se consolidan en los primeros años y que la calidad de la educación parvularia y básica es determinante.
-¿Qué lecciones deja la última década en materia educacional?
-Creo que necesitamos un “Big Bang” en educación. En términos de cómo estamos usando los recursos, hay que tratar de terminar con la gratuidad, sé que políticamente es difícil, pero en Inglaterra, un gobierno de izquierda terminó con la gratuidad. Se puede generar un gran acuerdo para buscar un mejor sistema de financiamiento, liberar recursos para invertir en primera infancia.
Hoy tenemos una hoja de ruta equivocada: Tenemos un alto nivel de pobreza en los niños y no estamos haciendo nada para reducir esa vulnerabilidad. En vez de fortalecer la carrera docente para atraer talento, bajamos las exigencias de ingreso a pedagogía solo para que haya matrículas. Eso es vender el sofá de don Otto.
-O aumentar la brecha de desigualdad de oportunidades.
-Sí, de manera grosera. Tenemos problemas en la educación media, en salud mental, en convivencia escolar, en falta de buenos profesores. Pero seguimos priorizando recursos en gratuidad universitaria, un modelo que ni siquiera incentiva programas de calidad, porque el arancel regulado financia costos sin importar si agregas valor o no.
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