¿Se imaginan que en plena crisis económica alguien decidiera que Chile ya no puede expandir su agricultura? No se lo imaginen más: está pasando.
En marzo de 2020, mientras el mundo entraba en pánico por la pandemia, la Contraloría General de la República emitió el Dictamen N°6.271, que le puso candado al desarrollo agrícola del país – antes de los tiempos de Dorothy. ¿La excusa? Que los planes de manejo para recuperar terrenos con fines agrícolas no calzarían con la protección del bosque nativo.
Dado que la definición de “bosque nativo” incluye a todas las especies autóctonas, esto se traduce en convertir en santuario muchos lugares con potencial agrícola, por solo tener espinos o boldos. El terreno con “bosque” se queda ahí, aunque sea improductivo, aunque tenga uso de suelo agrícola, aunque no genere empleo, aunque el mundo necesite alimentos.
Lo más kafkiano del asunto es que estos planes de manejo estaban reconocidos normativamente precisamente para equilibrar las cosas. No era llegar y arrasar: había que compensar, trasladar especies, implementar medidas de mitigación, todas las anteriores descritas en la llamada Ley de Bosque Nativo. Era un sistema que funcionaba, que permitía desarrollo con responsabilidad ambiental. Es inexplicable su eliminación por secretaría, saltándose el proceso legislativo correspondiente, todo por presiones políticas.
Durante los diecisiete años de tramitación de la Ley de Bosque Nativo (1992-2008), el tema de la sustitución de “bosque nativo” para fines agrícolas fue uno de los puntos conflictivos. Para lograr el consenso necesario y aprobar la ley tras casi dos décadas de estancamiento, la mesa forestal público-privada convocada por la Subsecretaría de Agricultura en 2006-07 acordó explícitamente excluir esta materia del texto legal, postergándola para una futura ley complementaria. Así se dio cuenta en la tramitación legislativa, comprometiéndose el gobierno a presentar el respectivo proyecto de ley en un plazo de doce meses, lo que no ocurrió.
CONAF venía cometiendo errores como constató la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, pero la solución no era eliminar el instrumento completo. Es como si porque algunos conductores manejan mal, prohibiéramos todos los autos. Para evitar dicho resultado, la nueva legislación no derogó los planes de manejo para recuperación de suelo agrícola, dejando vigente su regulación original, para ser debatida y analizada en una futura ley. Y, sin embargo, bajo una interpretación finalista, la Contraloría decidió derogarlos, pasando por encima del Legislador.
¿Y quiénes pagan el pato? Los pequeños y medianos agricultores, obviamente. Los que tienen un paño de tierra que podrían hacer productivo pero que ahora está condenado a contemplar sus espinos. Y también Chile. Menor recaudación en impuestos y puestos de trabajo en una actividad que explica el 3% del PIB y 500 mil empleados. En un mundo post-pandémico donde la seguridad alimentaria es crítica, donde los precios de los alimentos son relevantes, y donde Chile tiene ventajas comparativas en agricultura, nos boicoteamos.
La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) intentó frenar este dictamen con un recurso de protección, pero los tribunales se limitaron a constatar que la Contraloría actuó dentro de sus competencias, sin pronunciarse sobre si la interpretación era o no acorde a la ley.
Esto pone en manifiesto como no son solo las leyes y factores estructurales las que definen el progreso de nuestro país. Como en este caso, son miles las guías e interpretaciones de funcionarios las que pueden hacer una enorme diferencia para hacer que Chile juegue, o se quede frenado.
Chile necesita crecer, necesita producir, necesita aprovechar sus ventajas. El desarrollo sustentable no es prohibir todo; es encontrar el equilibrio entre protección y producción.
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Permisos, la importancia de una mirada general. Por Cristian Romero.https://t.co/OOqIZj1txa
— Ex-Ante (@exantecl) November 20, 2025
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